Mesas sin patas. Intermediación de la conflictividad sin institucionalización

La estrategia recurrente de parte del gobierno para atender las demandas sociales que alcanzan niveles de conflictividad ha sido la formación de mesas de diálogo y de Comisiones de Alto Nivel entre las autoridades del Ejecutivo y miembros de las organizaciones sociales involucradas. Esta aparente salida, que parece tener consenso desde diversos sectores políticos, es una medida insuficiente sino cuenta con un respaldo institucional que le dé viabilidad al procesamiento de las demandas que plantea resolver.

Paradójicamente, bajo este tipo de prácticas, el gobierno está creando una suerte de para-estatalidad que, con la intención de disminuir la conflictividad social, des-institucionaliza el procesamiento ordenado de los reclamos sociales, que debería establecerse bajo las instancias previstas y correspondientes como son los gobiernos regionales (en el nivel intermedio) y el Acuerdo Nacional (en el nivel nacional). La estrategia de mecanismos de mediación de conflictos sin institucionalidad ("mesas sin patas") tiene una doble consecuencia perjudicial: no resuelve definitivamente las demandas detrás de los estallidos (por lo tanto son interpretadas como "mecidas") y deslegitima y debilita la institucionalidad que debería encargarse de estos problemas. De este modo, los gobiernos regionales y el Acuerdo Nacional quedan en el vacío cuando deberían jugar un papel central en la solución de los conflictos sociales.

Considero que para analizar la actual conflictividad social en el país, debemos enmarcar la discusión en las reformas descentralista y participativa que se iniciaron luego de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori (2000). Estas reformas, consensuadas por todas las fuerzas políticas, crearon un marco institucional que prevé procesamientos de demandas sociales desde los niveles locales y regionales, con canales que, en teoría, permiten la intervención de la sociedad civil en la toma de decisiones de gobierno, incluyendo la designación de presupuestos locales y regionales. Los consejos de coordinación regional (CCR) y local (CCL), sumados a los procedimientos de presupuestos participativos, constituyen los procedimientos institucionales precisos para la intermediación de la conflictividad articulados desde los gobiernos regionales. Del mismo modo, a nivel nacional, el Acuerdo Nacional —que debe ser el mayor consenso político de los últimos años— estableció 31 políticas nacionales formando una suerte de proyecto nacional, donde se prevé, a través de su Octava Política, la descentralización como mecanismo para la intermediación institucionalizada de las demandas sociales. Ambas estructuras estatales podrían ser el soporte institucional que permita integrar las diversas de instancias de dialogo ("mesas") que el gobierno ha venido improvisando sin norte alguno.

Sin embargo, las políticas de descentralización y de acuerdos multipartidarios han sido prácticamente abandonados por el actual gobierno, cuando más se requiere su profundización. Tanto la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (especialmente después del nombramiento de Yehude Simon como jefe del gabinete de ministros) y el Acuerdo Nacional carecen de visibilidad política y vienen perdiendo eficiencia y legitimidad, cuando son precisamente estas instancias las que podrían darle cierta organicidad y articulación a la desbordante emergencia de "mesas de diálogo" y Comisiones de Alto Nivel que hasta el momento sólo demuestran fragmentación y atomización de los requerimientos movilizados, lo que impone una "salida" localista y coyuntural en desmedro de una urgente solución de carácter nacional y de largo plazo.

Carlos Menendez es estudiante del Doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame (Indiana, USA). Se desempeñó como investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional).