El día 5 de junio cuando se produjo la tragedia de Bagua muchos nos preguntamos: ¿Dónde está el presidente de la región Amazonas? Lamentablemente pasados los días la poca iniciativa de Oscar Altamirano se mantuvo. Por el contrario en el caso de los bloqueos de la región San Martín, sí vimos a su presidente César Villanueva intermediando y dialogando con las dirigencias indígenas. Asimismo unos días antes de Bagua, el presidente de Loreto, Iván Vásquez, encabezó una manifestación de respaldo a la protesta amazónica. De alguna manera estas tres actitudes grafican bien las maneras que los diversos gobiernos regionales han asumido frente a los diversos conflictos que afectan al país en los últimos años y expresan la manera en las que entienden su rol como gobernantes.
La actitud pasiva nos plantea una suerte de continuidad con lo que fueron los CTAR durante el fujimorismo, es decir una visión que reduce la función de gobierno a las tareas administrativas que les competen sin interés en asumir liderazgo. En el caso de quienes asumen una actitud de respaldo activo lo que muestran es un modelo de gobierno reactivo en el que el gobierno se pliega a la agenda de los movilizados pero no tiene la capacidad de liderar los reclamos y negociar con el gobierno central en representación de sus ciudadanos. Quizás la opción de presidentes como Cesar Villanueva sea la correcta en un conflicto que es provocado por una decisión del gobierno nacional, ya que en tanto representante de los ciudadanos movilizados y no movilizados debe hacer uso del poder que tiene para mediar con el gobierno nacional contribuyendo a solucionar el conflicto sin salirse del marco institucional.
Ahora bien frente a la magnitud de la crisis amazónica llama la atención que al haber sido convocados por el Primer Ministro Yehude Simon al grupo de trabajo creado el gobierno para la atención de los pueblos indígenas de la Amazonia, los presidentes regionales -bajo el liderazgo del presidente de la región San Martín, que es a su vez el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales- se estén limitando a mantener su habitual agenda que está enfocada a exigir más presupuesto de parte del gobierno nacional. Aunque es comprensible el reclamo por más recursos para la inversión pública regional, no necesariamente es este espacio el que debe resolver las angustias presupuestales de los presidentes regionales.
Hay que recordar que unos de los temas para el que fueron convocados fue para discutir una agenda para el desarrollo de la Amazonía, y este no pasa sólo por contar con más recursos para hacer más obras, sino de poner sobre la mesa la urgencia de una nueva propuesta de ordenamiento territorial de la Amazonía que podría partir de las experiencias previas que se han desarrollado o de lo que el gobierno regional de San Martín ha avanzado, en donde se apunte a la construcción de un desarrollo inclusivo en una zona con un ecosistema tan frágil y sobre el que hay una creciente presión para desarrollar grandes proyectos de inversión privada.
Si el bloque de presidentes regionales que se han sentado a la mesa de negociaciones se mantiene en su limitada agenda presupuestal y no ponen en agenda la necesidad de redefinir su ubicación en los procesos de gestión del territorio se habrá perdido una gran oportunidad para colocar una propuesta alternativa de desarrollo para una región que reclama urgente una propuesta que garantice de un lado los derechos de los pueblos indígenas, y de otro, la posibilidad de que se continúe promoviendo la inversión privada pero garantizando el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Javier Torres Seoane es antropólogo, miembro del Comité Directivo de la Asociación SER
