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La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú. Constituye un obstáculo al desarrollo, el crecimiento económico, la lucha contra la desigualdad y el funcionamiento y la legitimación de la democracia; todos los cuales deben ser objetivos prioritarios del nuevo gobierno. Con el propósito de colaborar en el esfuerzo de liderar una lucha decidida y efectiva contra la corrupción, este documento ofrece un diagnóstico del problema, presenta y analiza una serie de opciones de política sugeridas por los expertos, recomienda una estrategia y destaca sus obstáculos, modo de implementación y resultados esperados en 5 años.
La política recomendada pretende alejarse de posturas maximalistas vinculadas a grandes reformas del estado para concentrarse en potenciar las capacidades e impacto de las instituciones existentes. En ese sentido, pone el énfasis en los mecanismos de control y rendición de cuentas como un método eficaz de aumentar la investigación y sanción de los actos de corrupción, así como de prevenirlos. Esta política se basa en tres ejes: el fortalecimiento de las más importantes instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción (Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y Contraloría General); la mejora cualitativa de la coordinación entre estas instituciones bajo el liderazgo de la Contraloría General; y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas desde la sociedad civil, incluyendo el desarrollo de alianzas con las instituciones estatales. La opción de fortalecer en forma simultánea los mecanismos de accountability en el estado y la sociedad civil, busca crear una articulación virtuosa que controle el uso discrecional de las cuotas de poder de los funcionarios públicos y desaliente la comisión de actos de corrupción.