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Doble a triple castigo: Burocracia, corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú

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Resumen del informe final: 

La investigación encuentra, entre otros, evidencia estadísticamente significativa de entre dos y tres tipos de castigos que enfrentan los pobres en el Perú. En primer lugar, salvo el caso de los centros educativos estatales, los pobres tienen menor probabilidad de acceso a todos los demás servicios públicos, tales como la Policía, el Poder Judicial y los servicios de infraestructura. En términos cuantitativos, un aumento en 100% en el gasto per cápita incrementa en 2.9 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a alguno de los servicios públicos, lo que implica una elasticidad promedio de 0.48.

En segundo término, los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan importantes para ellos como seguridad (policía), y servicios de salud, además de aquellos provistos por los gobiernos regionales y los ministerios. En efecto, a nivel global, por cada 100% de incremento en el gasto familiar, la proporción destinada al pago de coimas se reduce en 0.3 puntos porcentuales (cabe señalar que en promedio se destina un 5.11% de ingresos a coimas). Asimismo, existe evidencia estadística de que los pobres tienen menor probabilidad de culminar exitosamente sus trámites en la policía y los servicios básicos. En términos agregados, sin embargo, este efecto no es tan claro.

Adicionalmente, el análisis de la relación entre la burocracia y la corrupción muestra que mayores niveles burocráticos incrementan los pagos realizados por conceptos de coima. También se encuentra que, en la mayoría de casos, las instituciones con mayores niveles de corrupción presentan las tasas de éxito más bajas. Sin embargo, en algunas dependencias, como la policía y los centros de estudios estatales, la coima parece tener un efecto acelerador del trámite (al que llamamos efecto “aceite”).

El trabajo discute algunas implicancias de política derivadas de la investigación. A pesar de la retórica a favor de los pobres de todos los gobiernos, y en todos sus niveles, en la práctica la provisión de servicios estatales sigue siendo inequitativa. Se debe exigir una mayor progresividad en la provisión de los servicios públicos para que el Estado cumpla con su rol de igualador de oportunidades en la sociedad peruana.

Por otro lado, la corrupción sería un fenómeno generalizado en muchas instancias públicas y privadas que, aparentemente, afectaría a todos los peruanos por igual.  Sin embargo, este estudio demuestra que, además, existe una inequidad muy grande en el campo de las coimas, que representa un sistema antiético de redistribución de ingresos (son los pobres los que aportan proporcionalmente más de sus ingresos para este fin). Los medios de comunicación, las organizaciones de vigilancia ciudadana y las redes sociales son ahora más activas para identificar y hacer público los casos de corrupción y para presionar por una mayor transparencia en el sector público. Aquí aparece un tema adicional por difundir y atacar: el pago inequitativo de coimas.

Por último, la ineficiencia de la “tramitología” en el Perú sigue reinante, a pesar de los esfuerzos de simplificación administrativa realizados en los últimos años. Los datos utilizados para la presente investigación muestran que se puede llegar a necesitar hasta  diez trámites para culminar una gestión en el sector público.

Existiría resistencia de parte de los funcionarios públicos que tienen en esta tramitología la fuente de sus rentas indebidas (por el pago de coimas para avanzar en los expedientes). Este estudio hace evidente que la simplificación administrativa no solo es buena para reducir los costos de transacción y aumentar la competitividad de la economía peruana, sino también para disminuir la carga inequitativa que pesa sobre las familias pobres del Perú. Es decir, eliminar las fuentes de corrupción a lo largo y ancho del Estado sería una política social progresiva.

Las simplificaciones realizadas en las aduanas de los aeropuertos y en los trámites para la obtención del Documento Nacional de Identidad y los pasaportes son ejemplos de buenas prácticas que deben extenderse a sectores como la Policía Nacional, el Poder Judicial, el sector Educación y otras instituciones.

También, se debe promover sanciones más severas a funcionarios que cometen actos de corrupción, tales como penas de prisión efectiva e inhabilitación permanente de la función pública. Se debe fortalecer las instancias de control de la gestión pública tales como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, entidades que deberían coordinar más estrechamente sus acciones y establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Finalmente, la diversidad de evidencias encontradas a lo largo de este documento indicaría la necesidad de diagnosticar más detalladamente las fuentes de corrupción en cada institución y diseñar estrategias pertinentes para eliminarlas según cada caso.