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La Regulación de los Servicios en el Perú: Un análisis comparativo institucional

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Resumen del informe final: 
Desde 1990, el actual gobierno viene aplicando un programa de reformas estructurales que buscan ampliar la participación del sector privado en la economía y el desarrollo de un ambiente adecuado para promover inversiones para el país. Hasta la actualidad se han privatizado, de diversas modalidades, empresas por un monto cercano a los 8,000 millones de dólares. Entre las principales privatizaciones tenemos las de las empresas de servicios públicos, monopolios naturales por excelencia debido a las economías a escala, ámbito o características de red que presentan. Destacan los casos de CPT y Entel Perú, las dos antiguas proveedoras de los servicios de telecomunicaciones, y varias empresas eléctricas (de distribución y generación) que han permitido, mediante las inversiones que se han realizado en esos sectores, una renovación tecnológica y la ampliación del ámbito de cobertura.
Estos dos casos presentan diversas importantes diferencias en cuanto a los mecanismos de privatización y sistemas de regulación. Primero, en el sector telecomunicaciones, el Estado desde un principio realizó el traslado de sus funciones al sector privado para centrarse en el rol de regulador, con la creación de OSIPTEL. En el caso de la electricidad, donde el proceso se da de una manera mucho más gradual, se tiene un Estado que se encuentra como regulador (OSINERG, CTE e INDECOPI) y como parte del sector productivo en la generación de energía (Central hidroeléctrica del Mantaro).
Por otro lado, la teoría de contratos establece una serie de hipótesis con respecto a la eficiencia de los marcos regulatorios. En general, se arguye que el desempeño de las reformas estará en buena parte condicionado por la efectividad de los incentivos y penalidades establecidos en los contratos y normatividad del sector y por la credibilidad de los mismos. Así, la normatividad deberá ser explícita, clara y completa, pero al mismo tiempo deberá contemplar su adecuación a los posibles cambios en el sector, por ejemplo de orden tecnológico. Con respecto a esto, se debe logra un difícil equilibrio entre el grado de flexibilidad y compromiso que establecen los contratos y regulación del sector. Asimismo, los incentivos y penalidades deben ser creíbles y deben existir mecanismos claros, autónomos y eficientes para la resolución de posibles conflictos. Es importante, además, considerar que eficiencia que se logre en el sector dependerá de la medida en que la responsabilidad, derechos residuales y riesgos de cada actividad del sector sean asumidos por quien tiene mayor control sobre dicha actividad.
Desde las perspectivas planteadas, el estudio busca responder, entre otras, a las siguientes interrogantes: Dadas las características de las instituciones vigentes, por ejemplo del Poder Judicial, ¿qué mecanismos se crearon para brindar salvaguardas a las empresas?; ¿Cuál es la flexibilidad del ente regulador para adecuarse a los cambios del entorno y cuál es el nivel de compromiso que debe de mantener?; ¿Cuál es origen de los conflictos que han surgido en el sector ( "huecos regulatorios", presiones de grupos de poder o variaciones de las condiciones iniciales)?; ¿Ha correspondido el proceso de resolución de conflictos al planeado por el regulador?; y, ¿cuál de los sectores presenta el mecanismo de resolución más eficiente?.
El objetivo principal del proyecto es analizar desde una perspectiva institucional y comparativa los marcos regulatorios de los sectores de telecomunicaciones y de electricidad para evaluar su desempeño con respecto a los objetivos planteados por la reforma de cada sector. Adicionalmente, el estudio pretende identificar "características deseadas" de los órganos reguladores y de los marcos regulatorios que le permiten resolver los conflictos que se generan mediante soluciones que llevan a mejoras para la sociedad