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Tema central: 

La presente edición de Economía y Sociedad busca, por medio de seis artículos, evalúa la problematica de los conflictos mineros. Los cuatro trabajos siguientes se refieren a otros temas como transferencias intergeneracionales, lla eficiencia de los municipios, Mercado de trabajo en Arequipa y distribución del ingreso.

Presentación de Revista: 

Las exportaciones mineras pasaron de 3,2 a 14,7 miles de millones de dólares entre los años 2001 y 2006, es decir, en cinco años se han más que cuadruplicado. Durante los primeros ocho meses de 2007, la participación de los productos mineros en el total de las exportaciones alcanzó un 62%. En perspectiva histórica, la minería ha sido uno de los ejes de la integración del Perú con la economía mundial. Como tal, ha sido objeto de grandes y apasionados debates. Para sus adalides, la minería introduce infraestructura, mercado y modernidad en zonas muy elevadas y atrasadas de los Andes, en una palabra: desarrollo. Para los más críticos, genera economías de enclave, saqueo de recursos y pasivos ambientales. Lo real es que mucho de sus efectos internos depende del marco regulatorio y de la política sectorial.

El tema es hoy en día central. Por un lado, vivimos un boom de precios internacionales que nadie sabe cuánto va a durar, y disponemos de unos trescientos proyectos que significarían, en el mediano plazo, una inversión cercana a los US $ 10 mil millones. Por otro lado, presenciamos conflictos en las comunidades locales y leyendas negras que dificultan la inversión. ¿Qué deben hacer los actores clave (Estado, empresas y sociedad civil) para facilitar el desarrollo minero y ampliar sus beneficios para las comunidades? La presente edición de Economía y Sociedad busca aportar al debate sobre estos temas con seis artículos.

El primero, a cargo de Xavier Ricard y José de Echave (CBC), Bruno Revesz y Alejandro Diez (CIPCA), y Martín Tanaka y Ludwig Huber (IEP), resume una investigación sobre seis casos de conflictos mineros. Los autores concluyen que aunque los conflictos mineros no se pueden evitar, sí se podrían canalizar hacia desenlaces de menor confrontación. Entre otras cosas, mediante la promoción de una modificación de las demandas de los actores.

El trabajo de César Humberto Cabrera (Minera Yanacocha) examina la situación de la minera Majaz después de la consulta popular realizada a mediados de 2007. Según el autor, esta consulta muestra la incapacidad del Estado para garantizar la efectividad de las concesiones que otorga, tanto en el proceso de exploración como en el de explotación. Esta sería una de las principales razones del atraso de la inversión minera en el Perú, en comparación a los 16 mil millones de dólares que se invertirían en Chile durante los próximos cinco años.

El tercer artículo, a cargo de Juan Aste, analiza la sostenibilidad de la expansión minera de los últimos años. El texto plantea la necesidad de un nuevo contrato social entre las empresas, el Estado y la sociedad civil, que logre una visión compartida del rol de la minería y de su aporte al desarrollo sostenible, dado el carácter temporal de las explotaciones.

En su investigación, Eduardo Zegarra (Grade) examina los efectos que ha tenido la minería sobre los hogares de las zonas aledañas. Encuentra un efecto positivo sobre los ingresos en las zonas urbanas de la sierra, pero a la vez identifica algunas “condiciones objetivas” que favorecen la aparición de conflictos, como, por ejemplo, el deterioro de algunos indicadores de salud en hogares ubicados en las áreas de influencia de esta actividad.

El quinto artículo resume un estudio de Carlos Orihuela (UNALM) en el que se pregunta si existe una regalía que pueda ser eficiente tanto para el Estado como para el correcto desempeño del sector minero. El autor señala que la escasez de información disponible y la gran heterogeneidad de rentabilidades entre las empresas dificultan la identificación de una regalía óptima “promedio”. Sin embargo, sugiere que la regalía minera actual estaría subestimando la rentabilidad de las empresas mineras.

Para finalizar la sección dedicada al sector minero, el trabajo de Matilde Gouley (CBC) estudia el caso del proyecto Las Bambas, examinando la relación entre el factor cultural y la presencia de conflictos mineros. Una de sus principales conclusiones es que existe una percepción dicotómica respecto a la participación ciudadana, entre los actores locales que esperan su inclusión en las decisiones en torno a la actividad extractiva y la postura del gobierno, que entiende el mecanismo de consulta de forma más restringida. La autora pone en evidencia la importancia que deberían tener los procesos interculturales de manejo y de prevención de conflictos mineros en las políticas públicas.

Los siguientes cuatro artículos son resúmenes de investigaciones específicas, ganadoras de los concursos de investigación promovidos por el CIES. El primero, elaborado por Verónica Frisancho y Eduardo Nakasone (Grade), diagnostica el proceso de envejecimiento demográfico del Perú y muestra que la población con más de 60 años pasará de representar el 7% de la población total en el año 2000 al 20% en 2045. Es decir, se generará una creciente proporción de adultos mayores que deberá ser sostenida por una población activa que declina en términos relativos.

El trabajo de Pedro Francke y de Pedro Herrera (PUCP) resume la segunda parte de un estudio que busca identificar los determinantes de la eficiencia en el gasto municipal. Los autores encuentran que, para el caso específico de algunas municipalidades, los montos transferidos por concepto de canon han generado un efecto de pereza fiscal (relajo en el esfuerzo de recaudación). Sin embargo, en esas mismas municipalidades, el grado de participación ciudadana afectó positivamente la eficiencia municipal. Francke y Herrera, entre otras cosas, recomiendan la creación de un Sistema de Medición de las Capacidades de Gestión Municipal.

En su análisis, Germán Chávez (UCSP) profundiza en el tema de la situación actual del mercado laboral arequipeño. El autor encuentra que el 51% de la fuerza laboral de la ciudad de Arequipa trabaja en el sector servicios, cuando 35 años antes este sector solo ocupaba al 26%. El texto sugiere que esta reestructuración del mercado laboral podría ser uno de los factores que ha menoscabado el impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza en Arequipa.

La última contribución, a cargo de Viviana Salgado (UNI), muestra que la educación sería una de las variables más significativas para explicar la desigualdad y la polarización en Lima, dado el mayor crecimiento de la demanda con relación a la oferta de trabajo calificado. Ello indicaría que para reducir la desigualdad y la polarización de ingresos se requeriría aumentar la inversión en educación de los grupos de menor ingreso, lo que aumentaría la oferta de trabajo calificado.

Javier Portocarrero Maisch
Director Ejecutivo