Aportes para una política de transformación de conflictos con equidad desde las regiones

El proceso de descentralización iniciado el 2002 ha ido de la mano con el mayor crecimiento macroeconómico nacional de las últimas décadas, aunque también con el incremento en cantidad e intensidad de los conflictos sociales, los cuales han afectado la gobernabilidad del país. Los conflictos manifiestan características que involucran y afectan a hombres y mujeres desigualmente; basta con ver las imágenes de las mesas de diálogo o procesos de negociación en los que solo participan hombres como decisores, excluyendo a las mujeres, sus organizaciones y su agenda de demandas. Igualmente, resulta crucial estudiar con mayor profundidad aquellos liderazgos masculinos que han promovido procesos de diálogo, prevención y gestión de conflictos.

El gobierno nacional y algunos gobiernos regionales han implementado recientemente políticas o medidas para la prevención y gestión de conflictos sociales. Las posibilidades de éxito de los esfuerzos realizados por los segundos, sin embargo, dependen del liderazgo constructivo de sus presidentes regionales y de las capacidades y recursos de los equipos, oficinas o unidades regionales conformadas para la prevención y gestión de conflictos. Las intervenciones regionales enfrentan múltiples desafíos como mejorar la confianza, articu¬lación, coordinación y colaboración intergubernamental; revertir la cultura confrontacional del conflicto; revalorar el diálogo entre los actores gubernamentales y sociales; fortalecer el sistema multigubernamental que presenta algunas disfunciones; y atacar las raíces estruc¬turales de los conflictos. Con el propósito de construir una institucionalidad interguberna¬mental fuerte y establecer relaciones intergubernamentales de aliados, se plantea la crea¬ción de un sistema nacional, intergubernamental y descentralizado de prevención y gestión de conflictos basado en la articulación y coordinación horizontal de los diferentes niveles de gobierno, que incorpore la perspectiva de género sustentada en la normativa nacional e internacional.