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La inversión pública en educación: proceso de asignación y determinantes

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Resumen del informe final: 

El Perú se caracteriza por tener un gasto público en educación muy bajo, incluso cuando se compara con países de similar nivel de desarrollo. Si bien existe acuerdo en torno a que el gasto en el sector es insuficiente y parece existir voluntad política para elevarlo, es claro también que el escenario fiscal impone fuertes restricciones a estos buenos deseos. Hacer un mejor uso de los recursos disponibles continúa siendo, por tanto, una tarea central para el sector. Existe, sin embargo, muy poca información acerca de los procedimientos que se utilizan para determinar la asignación de recursos en el sector y qué tipo de lógica gobierna esta distribución. El presente documento busca arrojar luz sobre este tema, a través de un análisis de los determinantes del gasto público en educación. Específicamente, se quiere establecer empíricamente qué factores explican la asignación del gasto por alumno a dos niveles: unidades ejecutoras (UEs) y escuelas.

Al nivel de UEs, usando información oficial de gasto y características de las UEs, y encuestas de hogares para las variables socio demográficas, se estiman cuatro modelos con definiciones alternativas del gasto por alumno y considerando tres grupos de determinantes: características de las UEs, demanda educativa y características sociodemográficas del entorno. Los resultados subrayan la importancia de las variables institucionales y, más específicamente, organizacionales. Por el lado de la demanda, se descarta la influencia de los dos principales grupos de interés, maestros y padres de familia. Finalmente, las variables socio-demográficas sugieren una distribución regresiva y centralista del gasto, que castiga a las regiones más pobres y privilegia a Lima sobre el resto del país. Al nivel de las escuelas, los actores centrales son la APAFA y los docentes. La asignación del gasto a este nivel refuerza el carácter regresivo de la asignación a las UEs.Así mismo, los resultados confirman el sesgo centralista de la distribución del gasto educativo. Los resultados apuntan, por un lado, a la necesidad de una profunda reforma de la administración del gasto educativo y por otro lado, a la necesidad de fortalecer la participación de los padres de familia en la gestión de las escuelas.